Isabel Tobeña Santamaría, Coordinadora de Andalucía
de Jueces para la Democracia
Pese a ser magistrada del Juzgado de
Instrucción número 13 de Málaga y, por tanto, no poder manifestarse por sus
ideales, Isabel Tobeña Santamaría ofrece la cara menos vista de los aplicadores
del Derecho. Desde su asociación, la funcionaria andaluza está especialmente
concienciada con los procesos de desahucio que están dejando en la calle a
tantos ciudadanos de España.
1.
Desde
la Asociación, ¿qué medidas están realizando con respecto
a la situación por la que atraviesa la justicia en España?
Somos una
asociación judicial porque los jueces no tenemos derecho ni a sindicarnos ni a
pertenecer a ningún partido político. Jueces para la Democracia se sensibiliza
especialmente con situaciones de personas muy perjudicadas con la situación
económica e intenta mejorar la legislación siempre desde una posición aséptica.
Estamos haciendo mucho hincapié en un comunicado sobre la independencia
judicial porque próximamente se debatirá en el Senado la modificación planteada
por el Ministerio de Justicia de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entendemos
que la independencia de este poder con respecto de los otros dos es un papel
fundamental para el Estado democrático que queremos tener.
2.
¿Qué
opina sobre la nueva Ley Hipotecaria?¿Le parece suficiente?¿Cree que se han
adaptado las exigencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea?
Me parece
claramente insuficiente. La modificación de la Ley la ha provocado la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que acordaba que nuestra
legislación no era acorde con las directivas europeas, sobre todo en materia de
protección a los consumidores y usuarios, pero esta reforma del Gobierno no
adapta las exigencias, puesto que no recoge la dación en pago ni suspende la
aplicación de los intereses de demora que, efectivamente, es una moratoria de
dos años, aunque, para la gente que no puede pagar, son intereses que se van
acumulando.
3.
Desde
la UE, a través de un informe siguen pidiendo más medidas que eviten los
desahucios, ¿qué implicaciones prácticas va a tener?
El informe no es
vinculante, pero lo lógico es que intentáramos adaptar nuestra legislación a
este tipo de recomendaciones o dictámenes, puesto que somos miembros de la
Unión Europea. Sin embargo, al no ser vinculante no se puede determinar la
obligatoriedad y, por tanto, el gobierno que tengamos en cada momento decidirá
esas iniciativas junto con las Cámaras.
4.
¿Cómo
identifica un juez una cláusula abusiva?
Un ejemplo claro de cláusulas abusivas,
entendidas así por jueces especializados en la materia, son aquellas que prevén
intereses de demora que superen en más de tres veces el interés legal del
dinero en el momento de la firma de la hipoteca. Si se declara así por el juez de
ejecución, lo que se hace es eliminar esa cláusula de los intereses de demora
del título de ejecución. Es decir, si nosotros firmamos una hipoteca con el
banco de 200.000 euros y la liquidación que hace el banco por impago es de ese
importe con unos intereses de demora de 1.200 euros, el juez no va a exigir al
deudor esa cantidad de 1.200 euros porque la elimina considerando que es
abusiva.
5.
¿Se
evitarán desahucios si hay cláusulas abusivas?
Ahora mismo, lo que se está haciendo son
Juntas de Jueces a nivel de prácticamente todo el territorio nacional. Me
consta que en el Partido Judicial en el que yo trabajo, que es Málaga, también
se han hecho Juntas de Jueces y cuando un juez detecta que la escritura
contiene cláusulas abusivas dan traslado a las personas que van a ser
ejecutadas para que manifiesten si ellos consideran también que son abusivas y
dar así la posibilidad de abrir un incidente como una pieza separada del
procedimiento principal para intentar eliminar y dejarla sin efecto.
6.
¿Tienen
los jueces herramientas legales suficientes para evitar el drama de los
desahucios?
En los desahucios,
la nueva legislación se refiere a situaciones muy al borde de la miseria. Por
lo tanto, no se puede dar total cobertura a todas las personas que se
encuentren con este problema, pero nosotros estamos obligados a aplicar todas
las herramientas legislativas de las que disponemos y lo estamos intentando
solucionar con estos medios. Hacemos lo que podemos.
7.
¿Y
en el caso de las preferentes?
Hay que ocuparse
de esos temas, como de cualquier tema que se nos plantee, tanto en la vía penal
como en la civil. Si existe engaño, entonces habría estafa y estaríamos
hablando del ámbito penal. Es difícil y no es algo inmediato, porque hay que
probarlo, pero sí que hay casos de personas mayores con escasa formación que no
entendían un producto que ni siquiera entendían a veces las personas que lo
vendían en las entidades bancarias. Por tanto, no pudieron prestar un
consentimiento válido a la compra de ese producto porque no sabían lo que
estaban firmando. En cualquier caso, en el ámbito civil, yo creo que sí que hay
una responsabilidad de las entidades, ya que se ha vendido este producto a
personas que lo único que querían era tener un mínimo de beneficio.
8.
¿Cree
que el arbitraje es un instrumento jurídico válido para solucionar el problema
de las preferentes tal y como se apunta desde el Gobierno?
Hay muchas personas que con tal de
recuperar algo de su dinero están aceptando el arbitraje, pero no olvidemos que
las entidades bancarias deciden si un determinado caso puede acceder a la vía
del arbitraje, con lo cual ya están limitando el acceso al arbitraje, y los
árbitros proceden del propio sistema bancario. Como ciudadana, yo le
recomendarías la vía judicial porque me parece que tiene más garantías. No creo
que el sistema de arbitraje tenga esas notas de independencia tan claras para
que pueda satisfacer los derechos y los intereses de los pequeños ahorradores.
9.
¿Le
parece suficiente la enmienda de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha
presentado Gallardón?¿O cree que sigue afectando a la independencia judicial?¿Intervendrán
tras este enmienda en la renovación del CGPJ?
La Asociación ha celebrado su Congreso
Anual en Pamplona, hemos tenido un debate acerca de este tema y finalmente, se
ha votado que la asociación no iba a proponer, como medio de protesta, a ningún
integrante de la asociación para formar parte del Consejo General del Poder
Judicial. En ese marco y forma de hacer las cosas no debemos participar.
10. Para terminar, ¿qué opina sobre la ley de
tasas?¿Cree que pueda infringir el principio de igualdad de acceso a la
justicia?¿Puede disuadir a los ciudadanos de acudir a los tribunales?
La ley de Tasas prevé unas tasas por
encima de lo aceptable. La tasa en sí no es contraria ni a la Constitución ni a
la legislación de la Unión Europea, así lo ha establecido el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y nuestro Tribunal Constitucional. El problema
está en si unas tasas excesivamente elevadas van a limitar el acceso a la justicia
de personas económicamente más desfavorecidas. La Ley de Tasas tal y como está
ahora me parece abusiva en sus cuantías y me parece que no es una buena ley y
que va a producir desigualdades. Además, con un argumento falaz en la
exposición de motivos, la Ley no dice que el acceso a la justicia tenga que ser
gratuito, pero no se puede limitar el derecho de la tutela judicial efectiva.
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