La Ley de Tasas Judiciales impuesta en el mes de noviembre por el Gobierno a todo el territorio español, afecta en mayor medida a los propios ciudadanos de a pie que a los profesionales del derecho debido a su disposición económica.
“La imposición de esta nueva medida afecta en un mayor grado al cliente que quiere ejercer su derecho o una acción jurídica y no puede llevarla a cabo porque se encuentra con esa barrera” afirma el socio director de Estudio Jurídico Hermosilla, Ignacio Espinosa Arjona. Continua explicando que “las tasas también afecta a los pequeños, medianos y grandes despachos, porque el cliente no puede acceder a la justicia y tiene que abonar, abogado, procurador y ahora tasas. Así hay mayor barreras, sobre todo económicas a la hora de poder llegar al acceso de la justicia”.
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| No a las tasas judiciales por una justicia para todos Foto: Eva Paniagua Cantero |
El abogado señala como afecta también a los profesionales del derecho indicando que perjudica en mayor medida a los pequeños despachos ya que los grandes se dedican más a asuntos empresariales donde las materias a tratar son grandes litigios que no suponen una barrera económica. Por otro lado, los magistrados de los juzgados se ven afectados escasamente por esta ley ya que según nos menciona el Juez del Juzgado de Ejecuciones Penales número 7 de Madrid, Juan Carlos Peinado, hay jurisdicciones donde ni siquiera afecta esta norma.
Esta ley impuesta ha generado tal polémica que ha llevado a calificarse por algunos sectores como “inconstitucional”, término que trae la confrontación de varios profesionales de la rama jurídica. El magistrado nos muestra un punto de vista positivo al decir que “se ha abusado en exceso de acudir al auxilio judicial con escaso y, en ocasiones, nulo fundamento”. El socio director de Estudio Jurídico Hermosilla se contrapone a esta declaración afirmando que “podría ser inconstitucional ya que incluso se han planteado recursos de inconstitucionalidad que todavía están pendientes de resolución”. El abogado deja abierta esta cuestión a la espera de la resolución final del Tribunal Constitucional.
Existe la duda entre los profesionales del derecho de si la Ley de Tasas se ha impuesto como medida recaudatoria o con el mero fin de reducir gastos. Ignacio Espinosa nos muestra su particular visión sobre este asunto exponiendo que “evidentemente la tasa es una manera de recaudar fondos para poder sufragar, desconozco si la justicia u otros destinos, pero evidentemente es para recaudar fondos”.
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| Socio director de Estudio Jurídico Hermosilla, Ignacio Espinosa Arjona Foto: Eva Paniagua Cantero |
El abogado nos plantea una seria de medidas alternativas a las impuestas por el Gobierno donde no elimina la idea de que el acceso a la justicia pueda sujetarse al abono de unas tasas, pero que las mismas no supongan a un particular un gran perjuicio económico. “Creo que se pueden poner unas tasas como había en ciertos recursos de 25 a 50 euros, unas tasas un poco más generalistas para que todo el mundo pueda acceder a la justicia”, afirma el letrado, no obstante continúa diciendo que “ha habido una pequeña rectificación que hemos puesto en el blog, son los trámites que hay que realizar para poder obtener la devolución de las tasas en los casos en los que se ha acordado que se devuelvan”.
Diferentes sectores jurídicos, pertenecientes a la rama privada como a entes públicos, han mostrado su descuerdo a esta ley impuesta por el Gobierno mediante una serie de protestas, manifestaciones y recogida de firmas en contra de esta medida en los diferentes órganos jurisdiccionales. El juez del Juzgado de Ejecuciones Penales número 7 de Madrid desconoce si estas medidas que están tomando los diferentes afectados por las tasas serán satisfactorias. Así de tajante se muestra cuando dice “ignoro cuál va a ser la evolución de las actitudes o comportamientos de funcionarios y de los propios jueces”. Continua afirmando que “tanto funcionarios, jueces, fiscales y secretarios, están organizados por distintos tipos de colectivos; asociaciones en caso de jueces, fiscales y secretarios; y sindicatos, en el resto de los funcionarios, no se las pautas que van a seguir marcándose”.
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