Un preso que vale veinte mil euros

Las ONG que colaboran  con prisiones tienen que cerrar por la disminución en las subvenciones. La Administración gasta mucho dinero en custodia y pierde el interés por la reeducación.

 

                                                           Foto: Alberto Fernández Ruidíaz

Mantener un recluso cuesta unos veinte mil euros anuales. Las ONG eran una parte fundamental del organigrama penitenciario, más de mil organizaciones colaboraban activamente y ahora muchas tendrán que dejar su actividad. Son miles de euros los que podrán ser malgastados por desamparar a unas sociedades sin ánimo de lucro.

Son unos setenta mil presos en toda España y cincuenta y nueve mil doscientos en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Las cifras estaban bajando a pesar de la crisis, las principales causas eran: el regreso a sus países de origen de una población en riesgo de exclusión social por falta de trabajo y la rebaja de condena para los delitos contra la salud pública (de nueve a seis años). Esta situación puede invertirse por la falta de tratamientos dentro de la prisión y, sobre todo, porque los presos se van a ver desasistidos en el exterior. Matizan desde Instituciones Penitenciarias.

Los programas resocializadores y de reinserción son fundamentales y evitan un mal bastante dominado: la reincidencia. Como indica el subdirector de régimen de la Secretaría General, Javier Nistal, “la función de la prisión es la de reeducar, la reinserción la tiene que hacer la sociedad” y es ahí donde la labor de las ONG tiene su principal fundamento.

La subvención del 0´5 del IRPF, la famosa x de la Declaración de la Renta, que reciben la ONG permite mantener cierta esperanza. Comenta Nistal que dado su carácter asistencial, la Administración no debería dejar la financiación corriese a cargo de la caridad.

Las que más complicado lo van a tener son las mujeres que hayan cometido algún delito, son un 7% de la población reclusa total pero acaparan servicios singulares y exclusivos. Jesús Moreno, director de la prisión de Alcalá, comenta que las mujeres suelen llevar el peso de sus familias, tienen hijos y sus delitos van encaminados a conseguir dinero para los mismos. Estas mujeres, generalmente en exclusión social, pueden conseguir, mediante los numerosos programas, reorganizar sus vidas y no volver a delinquir.

Cincuenta y cuatro euros con setenta céntimos, esta cifra corresponde al montante económico diario por preso en España. Curiosamente es una cifra muy similar a la que obtiene una persona que gana el salario medio español. El preso no produce bienes o servicios, no repercute sus ingresos en la economía; solo tiene que reintegrarse y, por ello, entra en prisión. Si no es éste el objetivo, la reclusión pierde su sentido y se convierte en solo un castigo. Añade Moreno. 
La introducción de medidas alternativas como el tercer grado, trabajos en beneficio de la comunidad, pisos tutelados… estaban respaldadas por el buen hacer y la vocación de servicio de las ONG.

Las ONG desarrollaban multitud de actividades: lúdicas, recreativas, educativas, terapéuticas y un largo etcétera. Según comentan las organizaciones, tratarán de mantener programas de gran éxito como los dedicados a maltratadores o delincuentes sexuales. Así lo afirman desde Cáritas Madrid. Una de sus  trabajadoras sociales, Asun Blasco, añade que los funcionarios están encantados con la labor de los voluntarios; personas que llevan muchos años y, muchos de ellos, son profesionales que ponen dinero de su propio bolsillo.

Desde el centro de Alcalá inciden en que el gasto de mantener a un preso es mayor que el que supone mantener la dedicada labor que realizan las organizaciones externas. A ello hay que añadir que la falta de atención a las carencias educativas y éticas del preso puede acarrear que se pierda el fundamento mismo de la privación de libertad: la reinserción.

El problema afecta a la reclusión pero, sobre todo; como indica la subdirectora de tratamiento del centro de Alcalá, Sara Martínez, afecta a la individualización del tratamiento y al seguimiento en régimen abierto. “Es peligroso porque cuando están fuera no tienen cobertura y es básico que nos quitemos el medio y cumplan en libertad.” Para ello se necesitan los medios que se están restringiendo.

La reducción en la dotación a las ONG por parte del Gobierno dejará a personas con vocación de servicio sin posibilidad de dar ayuda. Los centros penitenciarios, que ya han tenido que ajustar sus presupuestos en diferentes partidas, viven con incertidumbre las consecuencias de la menor acción externa; aunque desde Cáritas dicen que las grandes ONG no van a tener problema en seguir con sus proyectos, pues suponen “poco dinero”.