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| Afectados PAH/Fdo: Imagen en Acción |
La ‘Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a losdeudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social’ establece un mes de plazo para que las personas que
estén en tramitación de un lanzamiento puedan oponerse alegando cláusulas
abusivas. “El plazo de un mes se computará desde el día siguiente a la
entrada en vigor de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de oposición
tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del
incidente”, según prevé la mencionada Ley. Por lo tanto, los afectados tienen
para presentar sus alegaciones hasta el 16 de junio.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Sevilla,
Isabel Fernández, asegura que “no interesa que se paralicen los desahucios
porque ni siquiera se ha informado ni ha tenido ninguna repercusión social”, al
tiempo que añade que “no se puede difundir una medida tan urgente solo a través
del Bolentín Oficial del Estado (BOE), puesto que esas personas no tienen conocimientos para interpretar esa
Ley ni recursos económicos para tener unos abogados que les informen”.
En este mismo sentido se pronuncia la coordinadora de la sección de
Andalucía de ‘Jueces para la Democracia’ y magistrada del Juzgado de
Instrucción número 13 de Málaga, Isabel Tobeña, al confirmar que “no se ha
extendido suficientemente”. “Si
es una modificación que va a dar cobertura a las situaciones de necesidad más
terribles, es precisamente esas personas que pueden beneficiarse las que tienen
menos facilidades de acceso a información, recursos, servicios jurídicos, etc.”,
argumenta la coordinadora.
La magistrada indica que “se
podía haber publicado a través de la propaganda institucional, televisión,
radio y, de esta manera, hubiera llegado mejor a los perjudicados”. No es solo
un problema de difusión, y es que el límite de tiempo también juega en contra
de los afectados, así lo ha criticado Tobeña al aseverar que es un plazo “muy
corto” y que hubiera sido “más lógico” no establecer un plazo y “cuando
surgiera un caso de ejecución hipotecaria que el juez fuera el que diera
traslado a las personas”.
Por su parte, la directora de
la sucursal de 'La Caixa' en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta,
Magdalena Salas, informa que existe un Registro General de Condiciones Abusivas, y que el registrador antes de inscribir una
hipoteca revisa las cláusulas que contiene y en caso de considerar que
coinciden con las registradas, no inscribe dichas cláusulas. “Además, el notario advierte en caso de
detectar alguna de ellas en el momento de la firma”, añade la directora.
“Dejar en manos de un juez el poder de decidir en cada caso qué es o no
abusivo, crea inseguridad para los bancos, puesto que los jueces podrían
paralizar los procedimientos en base a su criterio”, alerta Magdalena.
Isabel Tobeña no duda en contestar a estas afirmaciones al tachar a las entidades bancarias de “haberse
enriquecido de unas cláusulas que en el Tribunal de Justicia Europeo, no los
jueces españoles, han decidido que son abusivas”. “Han hecho firmar contratos
en los que el deudor no podía cuestionar ninguna de las cláusulas de ninguna
manera. Los bancos deben someterse a la legislación dictada por las cámaras legislativas
de este país y los jueces tenemos que cumplir las leyes internas y las
normativas de la Unión Europea y lo vamos a hacer”, concluye la magistrada.
REAL
DECRETO LEY DE FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA
El Real Decreto, que la Junta de Andalucía ha elaborado, establece que la
Administración pueda expropiar
viviendas que se encuentren sometidas en un proceso de ejecución hipotecaria en
casos de riesgo de exclusión social. Desde el Gobierno o la Unión Europea han
cuestionado esta norma. Sin embargo, la coordinadora de la Asociación Jueces
para la Democracia opina que es “una medida muy interesante porque la Ley de Expropiación
Forzosa es de 1944 y ya recoge como fundamento de la expropiación forzosa la
utilidad social”. Tobeña señala que es una “expropiación temporal que intenta
velar por los más perjudicados de esta legislación”. “Es un paso más allá de la
legislación estatal, pero en absoluto me parece que pueda generar, a priori, el
escándalo que ha generado”, cuestiona la magistrada.
La PAH critica que “desde Europa no se
hayan puesto medidas antes, igual que se han dado mucha prisa en revisar el
decreto de Andalucía. Queda muy bonito decir que en España se han hecho 17
tipos de cláusulas abusivas. Lo mismo que se han encargado de obligar a
recortar todos los derechos en sanidad, educación y los que le venga bien,
tendrían que haber obligado a hacer una Ley donde se refleje esos abusos, cosa
que no se ha hecho”.
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