Los profesionales del Derecho se refieren a la Ley 10/2012 como un “abuso” y a su reforma de marzo como “insuficiente”
Instrumento
recaudatorio contra frenazo en los abusos. Dos caras de las monedas con las que
muchos ciudadanos tienen que pagar si quieren que sus pretensiones sean estimadas,
o, en la mayoría de los casos, admitidas a trámite. Y es que a nadie ha dejado indiferente la reforma de la antigua Ley de Tasas y PreciosPúblicos en forma de la nueva Ley 10/2012, pues, en su virtud, el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha instaurado un catálogo de tasas a abonar
como requisito previo a la invocación de la tutela judicial efectiva.